Durante mucho tiempo, el Perú ha sido señalado como uno de los países más afectados por el clasismo y el racismo, una herencia que se remonta a la época colonial iniciada en 1821 con la creación de la República y que persiste hasta la actualidad. en ese mismo sentido, Cervello (2021) destaca que, en esa etapa histórica, se excluyó a los peruanos originarios de la nación y de la ciudadanía, siendo el racismo una manifestación de una guerra interna contra los campesinos andinos y los nativos amazónicos, quienes fueron injustamente acusados de ser terroristas. Lamentablemente, estas formas de discriminación persisten en la actualidad, perpetuadas por la falta de educación cívica e histórica, así como por la ausencia de solidaridad y empatía en las élites y clases medias del país. A pesar de contar con leyes contra el racismo, estas no son aplicadas ni respetadas ni por las autoridades ni por la población.
La existencia del clasismo en el Perú se manifiesta de diversas maneras, y es crucial diferenciarlo del racismo. La distinción radica en el trato diferenciado que las personas reciben según su nivel socioeconómico. Aquellas en situación de escasez de recursos económicos suelen ser marginadas por la sociedad y las autoridades. Un ejemplo claro de clasismo se observa cuando personas de clase media y alta que cometen el mismo delito reciben tratos dispares. El caso del expresidente Fujimori ilustra esta disparidad, especialmente en el sistema penitenciario. La construcción del Centro Penitenciario Barbadillo, actualmente conocido como la cárcel presidencial, en 2007, destinada exclusivamente a reclusos de clase alta, incluyendo expresidentes condenados por genocidio, homicidio y corrupción, evidencia claramente esta problemática.
A pesar de lo establecido en la Constitución Política del Perú, que garantiza a los reclusos el derecho a ocupar establecimientos adecuados y establece que el régimen penitenciario busca la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad, la realidad en las cárceles del país contradice estos principios. La distinción entre reclusos dentro de la cárcel debería ser igualitaria y equitativa, ya que al cometer un delito, un individuo ve restringidos muchos de sus derechos como consecuencia de haber vulnerado los derechos de otras personas, las denominadas víctimas. En este sentido, la práctica actual dista de la coherencia prescrita por la Constitución.
La ideología fujimorista, marcada por su carácter populista, prepotente y racista, ha permeado no solo las instituciones peruanas, sino también las élites y las clases medias que, lamentablemente, se dejaron convencer por la misma, guiadas por la ignorancia y la falta de empatía hacia las clases marginadas (Cervello, 2021). Este fenómeno plantea la necesidad de examinar el origen del clasismo en el Perú y cómo ha afectado incluso al sistema penitenciario.
La raíz del clasismo en el país se encuentra en la falta de educación histórica y cívica, así como en la ausencia de valores y principios fundamentales en la sociedad. Esta carencia ha permitido que la discriminación y la desigualdad persistan, afectando especialmente a aquellos de clases sociales menos privilegiadas. Es evidente que, a pesar de los avances normativos, en Perú no se especifica en ninguna legislación la diferencia entre un presidente genocida y corrupto y una persona común que ha cometido delitos similares.
Es alarmante observar cómo esta falta de distinción se traduce en un tratamiento desigual en el sistema penitenciario. Las personas de clase baja, debido a su limitado poder adquisitivo, no son consideradas privilegiadas y, por ende, carecen de comodidades que son otorgadas a figuras presidenciales, a pesar de haber cometido delitos graves. Esta disparidad no solo atenta contra la equidad en la aplicación de la ley, sino que también refleja la persistencia de una mentalidad que prioriza la posición económica sobre la gravedad de los delitos cometidos.
En este contexto, es crucial destacar que la falta de respeto y consideración hacia los individuos de clases más bajas no solo se manifiesta en la falta de comodidades en el sistema penitenciario, sino también en la manera en que la sociedad los percibe. Mientras los presidentes corruptos pueden gozar de respeto y consideración, los individuos de bajos recursos económicos son relegados a un estigma social que refuerza las desigualdades.
Asimismo, Fowks (2023) resaltó, que dentro de los privilogiados por cometer hechos ilegales, son los siguientes ex presidentes:
Respecto a los expresidentes, mencionados y los delitos que han cometido, se diferencian de las personas comunes o de clase baja. Lo único, que se ha podido observar, es que distinción se realiza de una perspectiva económica externa y social. Pero que es lo que los hacen comunes e igualitarios, el delito o el hecho delictivo de cualquier tipo penal, que hayan cometido.
Finalmente, debería existir claridad, igualdad y reciprocidad, en la normatividad, que ya existe en el marco legal peruano, con la finalidad de aplicar estas normas de forma equitativa con los sujetos, que pierden sus derechos. Definitivamente, debería realizar un análisis desde el punto de vista constitucional y social. Para que se pueda cumplir los objetivos del sistema penitenciario, que el Perú, tiene, en su Carta Magna.
Cervello, M. V. (26 de JUNIO de 2021). El racismo: conceptos y elecciones de 2021 desde la antropología social. IDEHPUCP. Obtenido de https://idehpucp.pucp.edu.pe/analisis1/el-racismo-conceptos-y-elecciones-de-2021-desde-la-antropologia-social/
Fowks, J. (23 de marzo de 2023). Perú, el país de los presidentes encarcelados y procesados. Público. Obtenido de https://www.publico.es/internacional/peru-pais-presidentes-encarcelados-procesados.html#:~:text=Ambos%20est%C3%A1n%20recluidos%20en%20la,los%20ex%20jefes%20de%20Estado.
